Urbas defiende su plan de viabilidad y propone pagos sin quitas sujetos a desinversiones
Urbas Grupo Financiero defendió la viabilidad de su propuesta de convenio en una comunicación fechada el 21 de octubre, posterior al informe de la administración concursal, y expuso objeciones a varias de sus conclusiones. La compañía dijo haber presentado el 19 de octubre un plan de viabilidad actualizado ante el juzgado mercantil. La defensa del convenio y las cifras futuras son posiciones y proyecciones de Urbas: ni la comunicación acredita por sí sola que el plan vaya a ejecutarse ni equivale a una aprobación judicial.
Dos diagnósticos distintos sobre continuidad y liquidación
La administración concursal emitió el 1 de octubre un informe con una valoración de la masa activa de 520 millones de euros en continuidad y un ajuste de 218,2 millones para el escenario de liquidación, que la situaría en 301,8 millones. El pasivo reconocido citado en la documentación es de unos 126,9-127 millones. Esa comparación arroja un excedente aritmético, pero no determina por sí misma cuánto o cuándo cobrarían los acreedores. Crowe, en su revisión encargada por la compañía, advierte que el valor de las participaciones y créditos frente a filiales no equivale necesariamente a un recobro: identifica 264,1 millones de activos en participadas y créditos intragrupo, sujetos a la deuda prioritaria de las filiales, costes y plazos de realización.
Urbas sostiene que la valoración de liquidación no refleja el descuento y el tiempo que podrían requerir las ventas de activos inmobiliarios, y que la liquidación podría debilitar la defensa de litigios frente a RS Lender y sus filiales. La empresa afirma que activos vinculados a garantías ejecutadas en Luxemburgo tenían un valor superior a 200 millones y que el fondo les asignó valor cero; también sostiene que las reclamaciones posteriores derivan de una financiación cuyo principal original fue de 79 millones y podrían duplicar importes ya reclamados. Estas son alegaciones controvertidas de Urbas, no conclusiones judiciales establecidas en esta comunicación.
Según la exposición de la compañía, RS Lender reclama 205 millones a Urbas en un procedimiento en Reino Unido y filiales del fondo reclaman cerca de 75 millones a sociedades del grupo; Urbas cifra el pasivo potencial conjunto, con intereses y costas, en torno a 450 millones. A su vez, Urbas reclama aproximadamente 189 millones a RS Lender en Luxemburgo por daños relacionados con la ejecución de garantías. La nota indica que el procedimiento británico no tenía fecha de juicio y que el luxemburgués seguía en tramitación. La empresa también describió una causa penal en instrucción en España, por presunta estafa procesal; las personas investigadas conservan esa condición procesal y la comunicación no aporta una resolución definitiva sobre el fondo.
La sociedad añadió que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional desestimó el 16 de septiembre de 2026 el recurso del Ministerio Fiscal y confirmó la firmeza de pronunciamientos absolutorios dictados el 20 de abril. También discrepa de la fecha de inicio de insolvencia que sitúa la administración concursal en diciembre de 2021, niega falta de colaboración y rechaza que se le atribuyan las limitaciones de la auditoría de 2024. Son las respuestas de Urbas a los planteamientos del informe concursal, no conclusiones judiciales acreditadas por la comunicación.
El plan actualizado: actividad, desinversiones y pagos previstos
El plan de viabilidad se concentra en promoción inmobiliaria y excluye de sus proyecciones el negocio constructor —que la empresa describe como inmerso en un proceso propio de reestructuración— y otras líneas que considera financieramente autosuficientes. Proyecta 14 promociones en el periodo Año 0-Año 5: 13 actuaciones nacionales y Al-Fursán 2, en Arabia Saudí, con 1.695 viviendas en total. Estima ventas de 388,9 millones de euros, incluido un bloque internacional de 169,8 millones asociado a 589 viviendas en Arabia, y un margen bruto de 53,5 millones. El propio modelo atribuye 42 millones al margen directo de promociones y unos 11,5 millones al efecto de la titularidad previa de suelo; son estimaciones de la dirección, no ingresos ni márgenes ya obtenidos.
La concentración es relevante: según el análisis de Crowe, Al-Fursán representa el 43,7% de las ventas proyectadas y el 87,6% de los ingresos se concentra en un grupo reducido de promociones. El plan contempla desinversiones por 242,8 millones de euros netos de cargas, además de 32,9 millones de inversión en desarrollo de suelo. Las ventas de Meco SUS D, E y F y R5/Azuqueca aportarían 134,1 millones; el 80,5% del total previsto por desinversiones se concentraría en los años 3 a 5. El calendario depende, por tanto, de vender los activos y materializar promociones en las fechas presupuestadas.
El modelo estima 214,9 millones de caja al servicio de la deuda frente a pagos de 144,3 millones calculados por Urbas: 3,1 millones de deuda privilegiada en el año 1, 86,3 millones de ordinaria en el año 3 y 54,9 millones de subordinada a los tres años y nueve meses. Después prevé reservar 60,6 millones para créditos contingentes y terminar con 10 millones de caja. La cifra de 144,3 millones corresponde al cálculo utilizado en el plan; Crowe señala que la lista de acreedores de la administración concursal reconoce 127 millones, sin incluir dos créditos discutidos. La propuesta establece esperas sin quitas, y la compañía plantea que, si la caja lo permite, podría amortizar anticipadamente hasta un 10% de la deuda en el primer año y un 15% adicional en el segundo.
Escenario de tensión y objeciones pendientes
Crowe calculó un escenario estresado con desinversiones un 10% inferiores y retrasos parciales de cobros y pagos del negocio promotor; en esa sensibilidad, la caja al servicio de la deuda bajaría a 194 millones y seguiría superando en 49,7 millones los pagos de convenio de 144,3 millones. El ejercicio reduce también un 10% el CAPEX, compensando parte del efecto de los retrasos. Es una prueba basada en hipótesis, no una garantía de cobro. Crowe declara que no auditó la información financiera ni realizó una due diligence comercial, fiscal, legal o laboral; no emitió una opinión de auditoría, no hizo una valoración independiente de activos y atribuye a la dirección la responsabilidad de las proyecciones. El informe tampoco recomienda cómo votar.
La revisión de Crowe resume 13 objeciones de la administración concursal: seis atendidas por el plan revisado, dos parcialmente y cinco pendientes o descartadas, entre ellas las hipótesis de desinversiones, Al-Fursán, la ausencia de nuevas compras de suelo y las promociones de Granada, Alcalá de Guadaíra y Aguadulce. Crowe recoge, además, que la administración concursal mantuvo su juicio desfavorable sobre la viabilidad del convenio y sus reservas sobre las previsiones de ingresos, la deuda de filiales y la ejecución de activos. La revisión independiente concluye que el plan ajustado genera caja suficiente bajo sus hipótesis y sensibilidad, pero subraya las limitaciones de alcance y que los resultados reales pueden diferir.
En relación con las mayorías, Urbas comunicó al juzgado que, según su propio cómputo presentado el 22 de septiembre, había adhesiones por 54,71 millones de euros frente a un pasivo opositor de 24,57 millones, y manifestó su confianza en que el convenio fuera aprobado una vez completados los trámites. La misma comunicación reconoce que la administración concursal excluyó dos créditos de alto importe cuya existencia Urbas y sus titulares defienden; su tratamiento debía dirimirse en el momento procesal oportuno. La aprobación, el alcance definitivo de los créditos y la eventual ejecución del plan permanecen separados de las afirmaciones y estimaciones de la compañía.

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